Las recientes denuncias sobre interceptaciones ilegales a magistrados de las Altas Cortes en Colombia, nos hacen recordar prácticas intimidatorias de gobiernos pasados, que socavaron la independencia judicial y los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Estos actos no solo amenazan la imparcialidad de los jueces, fomentando un clima de temor y censura, sino que también reviven preocupaciones sobre el uso del poder estatal para presionar a quienes representan el último bastión de la institucionalidad, en cuanto son los responsables de salvaguardar el orden jurídico, una dinámica incompatible con los principios democráticos y los derechos fundamentales.

Desde apt abogados consideramos que dichas acusaciones sobre interceptaciones ilegales a miembros de la judicatura deben ser tomadas con la mayor seriedad. Es crucial que la Fiscalía General de la Nación actúe con celeridad y transparencia para investigar a los presuntos responsables. La protección de la independencia judicial y el mantenimiento del equilibrio de poderes no son cuestiones meramente formales, sino requisitos indispensables para la salud y correcto funcionamiento de la democracia en Colombia.